Hace un par de meses se aprobó en el Congreso una modificación a la Ley Sanitaria, para resolver los problemas que enfrentan los proyectos de viviendas financiados en todo o parte con subsidios del Estado.
Por el crecimiento de las ciudades y su falta de coincidencia con los territorios operacionales de las empresas sanitarias, deben cumplir un largo procedimiento de licitación para ampliar los territorios de estas, y obtener la factibilidad de dichos servicios para iniciar su ejecución. La referida licitación, en la práctica no se realiza y se ha traducido en una negociación directa entre el titular del proyecto y la empresa concesionaria más cercana. Y tal como lo informara el Ministerio de Vivienda, se encarecen los proyectos y se demora su ejecución, ya que las sanitarias colindantes condicionan su ampliación al cobro de conexión o ejecución de obras que bajo el territorio operacional no proceden, además del cobro de AFR (Aportes Financieros Reembolsables) considerados en el marco regulatorio, como uno, entre otros permitidos para que estas empresas adelanten sus programas de inversión. Los cobros implican una alza de estos programas y con ello un desvío de los recursos destinados a subsidiar a los más pobres.
Para terminar esta situación, el año 2008 aprobamos una modificación legal del marco regulatorio sanitario, orientada a simplificar el procedimiento y evitar cobros más allá de los necesarios, para mantener el mismo nivel tarifario de las áreas contiguas. La modificación propuso además eximir del cobro de AFR a estos proyectos de viviendas hasta 750 UF, financiados en todo o parte con subsidio del Estado.  
Sin embargo, esto no ha sido tomado en cuenta y se pierde el propósito de esta modificación, cual era evitar encarecimientos derivados de estos vacíos legales, ya que los titulares de los proyectos “convendrán” con las sanitarias para sacar adelante los proyectos. Más aún en la actual crisis económica, perjudica a los más pobres que deberán soportar viviendas de menor calidad.